Hay algo que no funciona en nuestra Justicia. No se pueden comprender algunas cosas que están ocurriendo: la tardanza en aplicar un indulto a un preso común que sobrepasa el tiempo máximo en prisión permitido por nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sobre el caso Marta del Castillo, que por cierto ha requerido el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, el enjuiciamiento a un juez por ir contra los abusos de una dictadura (y por más cosillas), la condena a un juez por autorizar a un niño que salga en una procesión de Semana Santa (por cierto, que según se publicaba hace unos días en la prensa, el abogado de la madre demandante está acusado, de momento sólo acusado, de malos tratos a su esposa), etc.

Estamos contemplando cómo una y otra vez se dan situaciones ante las que las respuestas judiciales nos dejan boquiabiertos a los ciudadanos de a pié. Y no se nos ocurre pensar, mucho menos decir, que sean ilegales o que se hagan mal las cosas por parte de los jueces, estamos convencidos de que los jueces actúan conforme a la ley. Decir otra cosa de las actuaciones judiciales, aparte de injusto por su generalización, puede suponer graves perjuicios para quién ose tal hazaña.

Pero si algún caso destaca por rocambolesco, es el del preso granadino, Miguel Montes Neiro, que lleva 35 años, sí nada menos que 35, encarcelado. Nuestras leyes prevén, y que, alguien me corrija si me equivoco, un máximo de 30 años de prisión o de 40 en supuestos muy especiales. En ambos casos tiene que mediar delito de sangre. No se establecen penas tan largas para delitos comunes. Y este preso, Miguel Montes, nunca ha cometido delitos de sangre. Por eso se nos hace difícil de entender tan ejemplar castigo. Lo de que el funcionario responsable de aplicar el indulto está de vacaciones es lo más sorprendente que alguien pueda imaginar, ¿es que no hay otra persona que sepa hacerlo?. En este caso el Consejo General del Poder Judicial no ha publicado nota de apoyo a la actuación judicial.

El caso de Marta del Castillo es algo que choca y no sólo por el cinismo de los acusados, inocentes la mayoría de ellos según el tribunal que los ha juzgado, sino por no haber conseguido aclarar el paradero de la chica desaparecida y, según declaraciones del único condenado, asesinada. De todas formas cuando vemos las condenas a los terroristas y el tiempo que permanecen en prisión, es la línea habitual. Por lo que se ve es mucho más grave robar una bicicleta que matar una persona. Será que la ley lo contempla así y lógicamente, los jueces aplican la ley como corresponde.

En el caso del Juez Garzón, no vamos a entrar ya que hay opiniones políticas para todos los gustos, desde que le están haciendo un juicio político hasta que se le debería haber procesado mucho antes. Cada cual que opine lo que crea conveniente que para eso estamos en un estado que proclama en su artículo 16. 1. de nuestra Constitución que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades…”, y en su preámbulo nuestra Carta Magna dice que “ La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía…”. O sea que cada cual es muy libre de pensar y opinar.

De todas formas son muchas las personas que piensan que hay algo que huele mal.